Este trabajo analiza la institucionalidad jurídico-política chilena y su capacidad para hacer efectivos los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los pueblos originarios. Para esto, el autor contextualiza históricamente la relación entre los Pueblos Indígenas y los Estados de la América hispana, dando cuenta que la constante ha sido la sumisión de aquellos a un ordenamiento jurídico que ha negado la diversidad y ha propiciado la usurpación y/o reducción de las tierras indígenas. Luego aborda la cuestión del contenido y legitimidad de la demanda por territorio y autonomía de los pueblos originarios, revisando los argumentos esgrimidos por los propios indígenas, los cientistas sociales y los filósofos para fundamentar su reivindicación. Finalmente, el trabajo analiza el marco constitucional chileno y su capacidad para acoger el reciente desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.