La desaparición forzada se configura como uno de los delitos más atroces que se pueden cometer contra un ser humano, ya que ello conlleva la violación de varios derechos humanos, para la víctima, como para los familiares y seres cercanos a ella. Dado los tratados internacionales sobre desaparición forzada ratificados por Colombia, y que han entrado en vigor, le es obligatorio al Estado colombiano aplicar los principios, valores, normas y otros que, en desarrollo del principio pacta sunt servanda, le permitan aplicar e interpretar armónicamente lo dispuesto en el derecho internacional sobre la conducta punible de la desaparición forzada, frente a lo determinado en el derecho doméstico colombiano sobre la misma. Entendiendo en todo caso, que los dos sistemas jurídicos forman un solo corpus iuris vía cláusula de interpretación conforme constitucional y remisión normativa legal.