Millares de folios suman los informes levantados "in situ" por los expertos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de exterminio de la corporación criminal instalada fraudulentamente en el Palacio de Miraflores, cuyos resultados prácticos el pueblo no percibe y las recomendaciones consignadas en esos documentos en modo alguno son acatadas, al contrario, los autores materiales de esos crímenes identificados en los mismos, en vez de ser sancionados penalmente el régimen los asciende jerárquicamente.

En uno de esos informes se recomendó la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales, conocida con las siglas FAES, uno de los más siniestros órganos de exterminio del régimen, pero la narcodictadura hizo caso omiso de tal recomendación y, además, encomió a sus componentes y exclamó Viva la FAES!

En marzo de 2021 a Michelle Bachelet se le ve sonriéndole al narcodictador en una videoconferencia. De qué se reiría?

Sobre esa repudiable escena que dio la vuelta al mundo, el diario El Nacional, comentó al final del editorial de ese día (5 de marzo) que "La sonrisa de Michelle Bachelet hablando con el dictador es un puñal para quienes esperan verdadera justicia, libertad y democracia y el juzgamiento de quien ha cometido crímenes de lesa humanidad". Igualmente se preguntó "Dinos Michelle, qué fue lo que más te dio gracia? Los presos políticos y torturados? Los inmigrantes que mueren en las trochas y caminos huyendo de la crisis humanitaria y la dictadura? Los enfermos sin tratamiento? La devastación social y económica producida por la dictadura más corrupta del continente?

Puros informes reconociendo los crímenes de la narcodictadura, pero nada de una acción concreta para ponerles fin y sancionar a los culpables en cadena de mando. El más reciente de marzo fue una actualización del anterior y como siempre Nicolás Maduro arreció la represión, como la desarrollada por la Guardia Nacional, la FAES y la Fuerza Aérea contra los pobladores de La Victoria, Estado Apure, en pleno desarrollo, y una diáspora forzada a Colombia superior a las tres mil personas huyendo de los organismos que debería protegerlos, dejando atrás todas sus pertenencias, saqueadas por efectivos de dichos cuerpos mal llamados de seguridad.